David Bravo sobre posibles abusos en el SIS: “Que no tengamos que esperar que venga la contralora y haga cruces de información que son evidentes”

Las solicitudes de pensión por invalidez han aumentado un 88% en los últimos 15 años, según datos del estudio realizado por Bravo para la Asociación de Aseguradores de Chile. Este crecimiento se ha dado especialmente entre personas cercanas a la edad legal de jubilación.

Entre 2009 y 2016 se registraban en promedio 1.300 solicitudes mensuales. A 2018, ese número ya había subido un 17%, y en los últimos años la cifra se disparó, alcanzando un 197% de aumento en el segmento etario de entre 60 y 65 años. Ese grupo representa por sí solo un tercio del incremento total.

Aunque parte de este aumento podría deberse al envejecimiento poblacional, Bravo advierte que no todo tiene una explicación demográfica.

“La mitad del aumento, de alguna manera también tiene que ver con efectos del envejecimiento de la población. Pero también hay otra parte que en realidad no tiene mucha explicación (…) una buena parte de las personas que están solicitando invalidarse son personas que están en los rangos cercanos a la edad de pensión. Y las personas probablemente ya están informadas de que el cálculo del beneficio es sobre la base de los 10 años anteriores (de ingresos)”.

Aumentan solicitudes, caen las aprobaciones

El estudio evidencia también un desajuste creciente entre solicitudes y pensiones aprobadas. La tasa de aprobación —que rondaba el 50% entre 2018 y 2022— bajó a 43% en los últimos años. Paralelamente, los dictámenes por invalidez parcial crecieron un 223% entre 2022 y 2024, comparado con un 36% en las de invalidez total.

Bravo insiste en que el Estado debe actuar antes de que intervenga un ente externo:

“La pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué no se abordan estos temas? Que no tengamos que esperar que venga la contralora y haga cruces de información que son evidentes, porque están sugeridos hace mucho tiempo”.

El economista también llama la atención sobre la necesidad de hacer seguimiento a los beneficiarios del SIS, especialmente tras los dictámenes médicos:

“Creo que a todos los sistemas les falta tener contrastes (...). Por ejemplo, supongamos que tomas a una persona que recibió pensión de invalidez total y quisieras mirar su estado médico y su actividad económica, laboral. A lo mejor esa persona está haciendo una vida normal en muchas dimensiones, incluyendo la laboral”.

Amenazas a la sostenibilidad del sistema

Bravo durante la entrevista a El Mercurio, plantea que el incremento de la siniestralidad, junto con la falta de claridad sobre su evolución futura, amenaza la sostenibilidad del sistema. Esto es especialmente relevante ahora que el financiamiento del SIS será responsabilidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), creado por la reforma previsional.

“Habría que darle al FAPP las atribuciones para que sus estudios de sostenibilidad puedan estar fundamentados con datos y que haya obligación de responderle a esta institución nueva”.

Además, cuestiona que el diseño actual permita licitaciones sin que exista una proyección confiable sobre el comportamiento del seguro:

“Las aseguradoras requieren un horizonte de siniestralidad, porque algo que no se sabe si va a seguir creciendo, si va a crecer a 20%, 30% en los próximos años, hace muy difícil que las instituciones puedan decir: ok, voy a ofrecer una prima y a cambio de esa prima es que asumo el riesgo. Cuando lo que hay es incertidumbre, es difícil ponerle probabilidad, que es lo que hacen las compañías”.