Contraloría detecta millonarias irregularidades en fondos por incendios en Valparaíso

Una serie de auditorías realizadas tras la emergencia por los incendios de febrero de 2024 encendió nuevas alertas en la Región de Valparaíso. La Contraloría Regional emitió cinco informes que dan cuenta de graves deficiencias en la administración de recursos públicos destinados a enfrentar la catástrofe, involucrando a municipalidades, servicios públicos y a la Delegación Presidencial Regional.

Uno de los casos más relevantes corresponde a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, donde se detectaron pagos no acreditados y falencias contractuales en adquisiciones efectuadas durante la emergencia, por un monto superior a los $586 millones. La auditoría también advirtió posibles sobreprecios y un uso injustificado del trato directo, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo y el envío de los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En la Municipalidad de Quilpué, el organismo fiscalizador identificó gastos improcedentes, entre ellos la compra de cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), además del extravío de bienes donados para los damnificados. A esto se suman falencias en la entrega de ayudas, así como en la gestión de personal y ejecución de proyectos, lo que motivó la instrucción de procedimientos disciplinarios y la exigencia de medidas correctivas.

Asimismo, la Contraloría detectó irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas sociales en la Municipalidad de Viña del Mar, correspondientes al período comprendido entre febrero de 2024 y abril de 2025. Entre las observaciones figuran problemas de rendición, falta de trazabilidad en la entrega de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas, por lo que se anunció el inicio de un sumario administrativo y la regularización de los procesos cuestionados.

Las fiscalizaciones también alcanzaron a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, donde se constató un pago indebido superior a los $434 millones por demoliciones no ejecutadas o realizadas parcialmente, además de graves deficiencias en los procesos de contratación y control interno. En este caso, también se ordenó un sumario administrativo.

Finalmente, se verificaron pagos no acreditados por más de $782 millones asociados a demoliciones en el sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, posibles sobreprecios y debilidades en los respaldos documentales. Junto con instruir un nuevo sumario, la Contraloría solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas.